jueves, 9 de febrero de 2017

"MARIHUANA" MEDICINAL?



CANNABIS O MARIHUANA LEGAL

Legalizar lo que no es ilegal o legalizar por el nombre trivial de un producto callejero 

En la taxonomía de las plantas, el nombre “Cannabis” corresponde al género, cuyas especies reconocidas son la Cannabis Sativa, la Cannabis Índica y la Cannabis Ruderalis. La especie “Cannabis Sativa”, es rica en tetrahidrocannabinol (THC) o delta 9-tetrahidrocannabinol, cuyo principio activo provoca principalmente alucinaciones y es consumida mediante la aspiración de los gases combustionados (humo) en forma de cigarrillo. La Cannabis Índica, es rica en Cannabidioles (CBD), que es conocida como “medicinal” por mitigar el dolor y posiblemente generar algún tipo de mejoría en la salud, que es administrada a través de su forma de aceite. La Cannabis Ruderalis, tiene menor concentración de THC y CBD, pero es más resistente, por lo que sirve como base para la generación de plantas híbridas.

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, ubica a la “Cannabis” en la Lista I anexa; la señala como objeto de persecución penal y determina el cese de su uso lo antes posible o en el plazo de 25 años, cuando “los fines no sean médicos y científicos”; dando pie a cualquier forma de reconocimiento de las bondades de las plantas.

El Decreto Ley 22095, Ley de Represión del TID, incluye en la Lista N° I A, a la “Cannabis” y en la Lista I B a los “Tetrahidrocannabinoles” (THC), como objetos para la represión penal. La definición de términos equipara “Cannabis”, en calidad de género, con el término "marihuana", pero la circunscribe a la especie “cannabis sativa L”. No alude a otras especies como la "cannnabis índica" ni sus cannabidioles (CBD)

El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-IN de 26SET2016, define a Cannabis sativa L, como la “Planta dioica que contiene principios psicoactivos producidos por su principal componente el tetrahidrocannabinol. En el ámbito local es conocida con el nombre común marihuana”. Respecto a Marihuana, señala que es una “Especie vegetal seca, obtenida de la planta femenina del cáñamo, de la especie Cannabis Sativa L”.

El Código Penal a través del Artículo 296A, considera como objeto material del delito, a las plantas de la especie CANNABIS SATIVA L, las mismas que generan el producto vegetal seco denominado trivialmente "marihuana" (y cuando está en disposición para consumo es conocido como "troncho", "pitillo", "porro", etc). Los artículos que establecen un quantum de drogas, 297, 298 y 299, contemplan a la "marihuana" y adicionan a sus “derivados”, que pueden ser las resinas o los aceites, en su caso, conocidos como “hachís”. 

Respecto al acto ilícito de cultivo de plantas, el CP establece atenuante cuando el número no excede a 100, o las semillas para producirlas. En torno al producto vegetal seco contempla un Quantum para la sanción penal, que la agrava (más de 100 Kg), la atenúa (hasta 100 grs.) y la exonera (hasta 8 gr), en este último caso, cuando la posesión está orientada al propio e inmediato consumo; en tal sentido, cuando la conducta se adecúa al Artículo 299, no es punible. Esto, en razón que la ilicitud no radica en el objeto, sino en la conducta, es decir en el acto de poseer, o en su caso cultivar, producir, fabricar, traficar pendiendo una sanción, tanto en lo que concierne a la planta de la especie Cannabis Sativa L o al poducto obtenido llamado "marihuana". De esta manera, incluso el "consumo" de cualquier tipo de droga, no se encuentra criminalizado, es atípico, no es delito o no pende sanción penal.

Los problemas que rodean y distinguen a la “Cannabis” (género), estriban tanto en las posibilidades de cruce obteniendo plantas híbridas entre las ESPECIES Cannabis Sativa, Índica y Ruderalis, u otras variedades, que persiguen una mayor concentración de THC como de CBD, así como en la forma de consumo y las vías de administración del producto obtenido de éstas especies. Este aspecto merece especial atención para su definición.

De lo expresado se colige, que una cosa es pretender la legalización - para los efectos de su cultivo y explotación, del producto vegetal seco (“droga de la calle”) conocido trivialmente comomarihuana(obtenida de la ESPECIE cannabis sativa, con mayor THC), para uso recreacional y de placer, cuya posesión hasta 8 gramos actualmente es impune cuando cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 299 del Código Penal (tampoco estando criminalizado el acto propio de consumo) y otra cosa es la legalización de la cannabis (como género) en todo caso en concreto de la Cannabis Índica, especie con abundante presencia de CBD con determinada utilidad médica y científica, habida cuenta que no tiene restricciones para cualquier actividad sobre ella y que no es objeto material de delito tipificado en el CP, por lo que el acto de legalización resultaría insulso, requiriendo en su defecto solamente una intervención o regulación administrativa (autorización sanitaria u otros) en la consideración que se trata de un producto orientado para uso en humanos.

sábado, 21 de enero de 2017

MODIFICA DECRETO LEGISLATIVO N° 1126 SOBRE CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS



COMENTARIOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1339

El Decreto Legislativo N° 1339 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, fue publicado el 06 de enero del presente año, el mismo que entrará en vigor el 05 de febrero de 2017 (a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”), excepto la Segunda, Tercera Disposición Complementaria Final y todas las disposiciones complementarias modificatorias, las cuales entraron en vigencia el 07ENE2017.

El primer cambio normativo importante radica en la definición de términos, que amplía la correspondiente a USUARIO, que ahora abarca a “sucesiones indivisas” u “otros entes colectivos”, inscritos o no en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados. Es útil, porque entre otros aspectos, otorga legalidad a la incautación de bienes fiscalizados que viene practicando SUNAT contra personas no inscritas en el RPCBF, acorde con la definición del término establecido en el inciso 14, Artículo 2° del Reglamento del citado Decreto Legislativo. Es un tanto paradójico para efectos de la aplicación de la medida de “suspensión de la inscripción en el Registro”, cuando el “usuario” no permita el ingreso de los funcionarios públicos encargados del control y fiscalización de los bienes fiscalizados, a sus establecimientos “registrados o no”, hasta por dos veces dentro del período de dos años.

Otra modificación estriba en la abdicación de la potestad sancionadora mediante imposición de multas por infracciones a la Ley. Evidentemente resultó muy complicada la implementación del procedimiento administrativo sancionador, por cuya razón no se pudo ejecutar en los cerca de dos años de vigencia, la Tabla de Infracciones y Sanciones establecida mediante Decreto Supremo N° 010-2015-EF de 29ENE2015, en la cual pudieron encontrarse inmersos, presumimos un 99% de usuarios dada a la complejidad de los procesos y alrededor de 40,000 consumidores (“utilizadores”) de combustible en zonas bajo régimen especial, ahora exonerados del registro, quienes nunca acataron la inviable disposición. Se entiende que en adelante, la sanción se aplicará con la incautación mediante una nueva Tabla, y se impondrán la Suspensión o Baja definitiva de la inscripción en el registro, que puede ser apelable ante una segunda instancia.

La baja definitiva de la inscripción en el Registro, se podrá producir por las siguientes causales:

1.         El usuario, alguno de sus accionistas, socios o integrantes, representantes legales, directores o responsables del manejo de los bienes fiscalizados, tenga sentencia condenatoria firme vigente por delito de comercio clandestino vinculado a los referidos bienes o por delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos.

2.     El usuario, alguno de sus accionistas, representantes legales, directores o responsables del manejo de los bienes fiscalizados, tenga sentencia condenatoria firme vigente por haber presentado documentación y/o información falsa para obtener la incorporación, renovación, modificación o actualización de la información en el registro.

3.         El usuario incurre en la misma causal de suspensión de inscripción en el registro por tres veces dentro del período de dos años calendario.

La suspensión de la inscripción en el Registro, se podrá producir por las siguientes causales:

1.         En el proceso de evaluación previa o controles posteriores, se verifique el uso de instrumento falso o presentación de información falsa, para obtener la incorporación, renovación, o la modificación o actualización de la información del registro.

2.         El usuario no permita el ingreso de los funcionarios públicos encargados del control y fiscalización de los bienes fiscalizados a sus establecimientos, inscritos o no, hasta por dos veces dentro del período de dos años calendario.

3.         La inscripción del usuario en el Registro de Hidrocarburos y la habilitación en el SCOP se encuentre suspendida.

4.       El usuario no presenta la información relativa a los registros de operaciones o sin cumplir con las condiciones establecidas.

5.      Se verifique, en los controles posteriores, la presentación de información falsa referida a las operaciones u ocurrencias que se informan al registro de operaciones.

6.       El usuario no presenta o exhibe la información o documentación requerida por la SUNAT en el ejercicio de las funciones de control y fiscalización.

7.       El usuario omita el registro diario de operaciones o lo lleve con retraso por dos veces dentro del período de dos años calendario.

8.     El usuario no actualice la información del registro conforme las condiciones establecidas.

9.         El usuario realice actividades fiscalizadas referidas a los bienes fiscalizados con usuarios no inscritos en el registro.

Lo más preocupante en esta norma modificatoria, se cierne en torno al procedimiento de consultas sobre los alcances de la Ley, que SUNAT tiene la obligación funcional de absolver de acuerdo al artículo 4° del Decreto Legislativo 1126 – 1339 y el Artículo 111 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en razón que aparentemente no sigue la misma línea del objeto del Decreto Legislativo N° 1272 que perfecciona la última norma, más aun tratándose – por lo general, del abordaje de temas de casi nulo impacto para evitar el desvío hacia la producción de drogas, cual es el fin público. De este modo, por ejemplo, cualquier importador de un producto, que sea objeto de retención en aduanas, V° g porque la ficha técnica o MSDS consigne un ingrediente o componente químico fiscalizado, pero pretende una aclaración técnica y ejerza su derecho de petición recurriendo ante la INBF, le puede ocurrir lo siguiente:

1.         Deberá esperar hasta 90 días hábiles (cerca de cuatro meses) para obtener respuesta.
2.     No será beneficiado con el silencio administrativo positivo, cuando no obtenga respuesta a tiempo.
3.            No le eximirá el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas.
4.            No interrumpirá los plazos establecidos.
5.            No tendrá ninguna posibilidad de interponer recurso alguno contra la contestación de la consulta, salvo contra el acto o actos administrativos que dicten en aplicación de los criterios contenidos en ella.
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Hay que recordar, que por norma internacional, en las fichas técnicas o MSDS de productos químicos procedente del exterior, aparecen expresadas de manera pormenorizada todas las sustancias que participan en el proceso industrial, aun cuando intervengan para reacción, extracción, separación o purificación de un producto natural y no necesariamente porque se trata de una mezcla fiscalizada – (fruto de la agregación con posibilidades de separación física) en cuya circunstancia es objeto de fiscalización, según el Reglamento. Además, no creemos sea posible controlar todos los productos por el solo hecho de contener algún tipo de sustancia química fiscalizada, porque son disímiles y abundantes, con decir solamente que hasta la polución es fuente de la acetona y el organismo humano elabora en el estómago ácido clorhídrico, ambos insumos químicos esenciales para la elaboración de cocaína.

Otro aspecto importante contemplado en la norma modificatoria, es la excepción a la obligación de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados a cargo de SUNAT, de consumidores de gasolinas, gasoholes, diesel y sus mezclas con biodiesel, que adquieren en establecimientos de venta al público de combustibles mediante surtidor y/o dispensador directo al tanque de la nave o vehículo automotor para el transporte terrestre, fluvial y lacustre. Se entiende, que de este modo se superará el problema latente de convulsión social que pende en las zonas sujetas a régimen especial debido al desabastecimiento de combustible, incremento de precios, corrupción y otras consecuencias derivadas de la reducción de cuotas de ingreso de estos derivados de hidrocarburos y de un intentado pero incumplido masivamente control de su uso, por propietarios de “kombis”, buses, camiones, tractores, embarcaciones, etc.

Se advierte que la exoneración no alcanzará a usuarios:

1.            Que comercialicen combustible.
2.            Que operen con autonomía de abastecimiento.
3.            Que empleen maquinaria pesada, estacionaria o dependiente para locomoción, caso de mezcladoras de concreto, generadores de energía eléctrica, cortadoras de césped, fumigadoras, motosierras, etc., que no puedan cumplir con el requisito de abastecimiento en “pie del surtidor”.