PREGUNTAS PARA EL 2DO. CURSO DE ESPECIALIZACION 2015

PREGUNTA: Que diferencia encuentra entre el tipo penal del artículo 296 B derogado por el Decreto Legislativo N° 1237 (corregido con fe de erratas) y el vigente artículo 296 B "Tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados".
CONDICIONES: Respuesta concisa, coherente y original

GEOLOCALIZACION Decreto Legislattivo 1182

Decreto Legislativo N° 1182

 

En términos corrientes, los teléfonos celulares en funcionamiento emiten una serie de “pulsaciones radioléctricas” que son captadas por las “antenas” (“torres”) e identificadas por los sistemas de los operadores de telecomunicaciones a fin de proveerles el servicio de telecomunicación. Este tipo de señal electromagnética, se emite: 1) Durante la “telecomunicación”, es decir, cuando se transmite el mensaje (“comunicación”), 2) Con el primer contacto (“timbrado”), 3) Cuando cambia de “torre”, 4)  En intervalos en estado pasivo, 5) Cuando se activa el teléfono (enciende) y capta la “red”.

El Decreto Legislativo N° 1182, persigue obtener la posición georeferencial del equipo telefónico a fin de ubicar a una posible víctima así como al delincuente asociado con el móvil (no necesariamente con GPS que corresponde a otro tipo de tecnología), sólo en caso de flagrancia, tratándose de hechos graves, mediante una “intervención excepcional” (véase art. 7, 7.1) de la Policía Nacional, optando por la inmediatez debido a las circunstancias especiales, con la debida ponderación de valores y la seguridad en el manejo de la información.

La idea no es “by passear” al Ministerio Público o a la autoridad judicial, porque en paralelo estará “corriendo la documentación formal”, dado a que precisamente es el “formalismo” (más que la actitud de los funcionarios responsables), el que causa mayor dilación, en razón que deben cumplirse una serie de requisitos, cuan parámetros establecidos en el ámbito procesal, que retrasan la obtención inmediata del mandato judicial, por ejemplo, acreditar la muerte de una persona, se necesita un certificado de necropsia expedido por el Médico Legista (con la demora del levantamiento del cadáver hasta la necropsia), documentar los daños materiales o el recojo de fragmentos de explosivos (mediante partes, actas y en algunos casos con pericias), instruir actas de transcripciones de contenidos amenazantes, de la lectura de datos telefónicos recibidos, inspecciones técnico policiales o verificaciones de hechos con intervención del Fiscal, etc., etc., etc., al margen de las disposiciones, informes, dictámenes, autos, resoluciones, etc., que corresponde dictar a la autoridad del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son organismos autónomos sujetos a Ley Orgánica, motivo por el cual, además de la recargada labor judicial y la necesaria inversión económica, no se ve razonable la posible creación de costosos “módulos” como especie de “sala de emergencias” en todos los distritos judiciales, destinado a un único propósito, como existe una sugerencia.

Mediante esta norma no se pretende conocer el “contenido” de la telecomunicación, es decir escuchar la conversación, que técnicamente viene a ser la “comunicación” protegida por mandato constitucional y que sólo puede ser levantada por mandato judicial, cuyo procedimiento se maneja por sus propias reglas (véase Art. 6). La acción se orienta a la obtención de datos de localización geográfica, digamos a las “coordenadas”, que conforme se explica en el primer párrafo, no necesariamente se encuentran asociadas a la comunicación, como ocurre con los datos de destino, curso, duración de las “llamadas”, que se deriva de una telecomunicación de abonados, (que tampoco se desea conocer), los cuales también merecen protección en cuanto su divulgación puede afectar el derecho a la intimidad personal o familiar.

Precisamente la oportunidad de cautelar la intimidad personal o familiar en torno a los datos de geolocalización solicitados, se presenta, cuando la autoridad judicial es requerida por el Fiscal, a quien se comunicó oportunamente el hecho y ya debe estar conduciendo la investigación, para convalidar esta forma de intervención excepcional de la Policía Nacional, pudiendo el Juez con total autonomía disponer su cese en caso advierta alguna forma de vulneración, dejar sin efecto los datos obtenidos y disponer su destrucción, lo que dará lugar sin dudas a una investigación y las acciones disciplinarias correspondientes.

Para evitar riesgos de malos usos, la norma se ha colocado en diversos supuestos, estableciendo los “candados”, bajo las garantías del proceso que se lleva a cabo en “Constelación” de la DIRANDRO, con personal captado previo concurso y aprobación de los exámenes de rigor y sujeto a evaluación periódica con el mismo procedimiento (véase segundo párrafo de la segunda disposición complementaria transitoria). Por tanto, el manejo de este procedimiento es un reto y de suma responsabilidad para el Oficial a cargo del caso quien debe tomar las medidas para no dejarse sorprender por denuncias falsas (véase Art. 7, 7,1), menos incurrir en simulaciones de hechos para provecho personal, porque existen garantías sobre auditorías y controles (véase tercera y cuarta disposición complementaria final), y además, se le dota de armas legales para rechazar cualquier intento de interferencia o presiones (véase Art. 7, 7.2).

Respecto a los datos que se conservan en las operadoras por un período homologado a nivel mundial, son útiles por cuanto podrán servir para fines de trazabilidad en la investigación de delitos que merezcan una pena superior a los cuatro años y que únicamente podrán ser entregados mediante “autorización judicial” (véase segundo párrafo de la segunda disposición complementaria final).

Para descartar la idea de una posible mala intención de la norma, basta con usar el sentido lógico, ya que éste sería el peor medio que podría aplicarse a fin de controlar y perseguir a la gente común o a personajes de toda índole contando en el mercado con diferente tecnología y herramientas de geolocalización de manera anónima. Es más, existen otras formas de registro que generan base de datos tan comunes en nuestro medio, siendo inclusive intrusivos, que pasan desapercibidos porque convivimos con ellos, como es el caso de las cámaras de videovigilancia en la vía pública o recintos privados (ver http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/godina46.pdf), las cajas registradoras por consumos con tarjeta o al contado (en donde se proporciona el número de DNI), los cajeros automáticos, el escaneo de documentos para ingresar a bancos, locales públicos y privados, registro de hoteles, estacionamientos, etc., etc. (ver http://elpais.com/diario/2006/07/02/eps/1151821610_850215.html)

Con esta norma no se pretende fraccionar la protección de las comunicaciones para amparar un sólo aspecto, sin embargo, hay que tenerse en cuenta que el Secreto de las Comunicaciones y la Protección de los Datos que puedan afectar la intimidad personal o familiar, tanto como la inviolabilidad de domicilio, inclusive la propia detención, no son derechos absolutos en la medida que tenga menor valor que los demás derechos conculcados, existiendo excepciones a la regla, de orden legal. También existe el caso particular de la protección del “secreto bancario”, que no es para la totalidad de operaciones bancarias, protegiendo las “pasivas”, V°. g°. ahorros, mas no las “activas” como es el caso de los créditos, por lo que existen empresas privadas de centrales de riesgo, que brindan información sobre este particular.

Para terminar es preciso señalar, que la norma ha sido elaborada con la sana intención de coadyuvar en el combate del delito, especialmente cuando ocurran hechos altamente reprochables como asesinatos, extorsiones, secuestros, violaciones sexuales, a fin de proteger a la sociedad. Para tal cometido, se ha puesto todo el empeño a fin de lograr un mecanismo eficaz, habiendo contribuido desde la Oficina de Apoyo Técnico Judicial de la DIRANDRO la cual gestiona el programa “Constelación” que tenemos el honor de jefaturar, con aportes desde el punto de vista técnico – operativo y participado con nuestro equipo en su desarrollo en las diversas instancias, con el fin de luchar contra la delincuencia, al que poco favor se le hace con discusiones bizantinas.

DS N° 010-2015-EF TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

INFRACCIONES Y SANCIONES - OBLIGACIONES Y DERECHOS

La Tabla de Infracciones y Sanciones contempla 33 ilícitos administrativos. La autoridad competente es exclusivamente SUNAT. Existen obligaciones establecidas por la norma, que no constituyen conductas jurídicas sanccionables atendiendo el principio de TIPICIDAD (Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria) de la Potestad Sancionadora Administrativa de la Ley N° 27444. Las sanciones se aplicarán por infracciones incurridas desde la entrada en VIGENCIA del DS N° 010-12015-EF; rige el principio de IRRETROACTIVIDAD (Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables). Además, apera el principio constitucional establecido en el Artículo 139, inc. 9, sobre "inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos".

El tema está en la forma como se aplicará el cúmulo de sanciones en las zonas geográficas bajo régimen especial, en torno a la venta de combustible "para uso doméstico", que implica el abastecimiento de gasolina o diesel hasta 15 galones por vez, directamente al tanque de vehículos de pequeño tonelaje, tales como motocicletas, automóviles y camionetas hasta de 8 pasajeros, que excluye a las llamadas "combis", buses, camiones, volquetes y otros, NO REGISTRADOS como UTILIZADORES en SUNAT, pero que en la práctica, en los citados lugares se vende de manera indiscriminada a todo tipo de vehículo, en la cantidad señalada como de USO DOMESTICO, cuya conducta constituye la Infracción N° 18 (inc. b).

Las OBLIGACIONES y los DERECHOS de los usuarios frente al procedimiento sancionador, serán materia de análisis en las diferenes conferencias que se dictarán en las próximas fechas y también constituirán objeto de estudio para complementar la publicación del próximo libro en materia de control de Bienes Fiscalizados.

TRANSPORTE GUIA DE REMISION R.SI 015-2015-SUNAT modifica RSI N° 271-2013/SUNAT.

TRANSPORTE BIENES FISCALIZADOS - GUIA DE REMISION ELECTRONICA

La Resolución de Superintendencia N° 15-2015/SUNAT, señala en el cuarto considerando, que la medida se imparte "a fin de optimizar el control en el transporte y traslado de insumos químicos fiscalizados en las áreas ubicadas en zonas de producción de coca o de su influencia, que sirvan para la elaboración de drogas ilícitas", invocando claramente el enunciado legal contenido en el Artículo 33 de la subrogada Ley N° 28305 (Ley de Control de IQPF), puesto que el vigente Decreto Legislativo N° 1126 (Ley de control de Bienes Fiscalizados), a través del Artículo 34° NO señala como criterio de fijación a los lugares donde se produce la MATERIA PRIMA y su INFLUENCIA, sino a "las áreas ubicadas en zonas geográficas de elaboración de  drogas ilícitas" (ya comentadas en otras entradas), que comprenden a algunas provincias de SEIS departamentos, conforme al DS N° 013-2013-IN modificado por el DS N° 015-2013-IN que establece las "ZONAS GEOGRAFICAS BAJO REGIMEN ESPECIAL"

En tal sentido, a partir del 1 de febrero de 2015, todos los USUARIOS de bienes fiscalizados (Inscritos en SUNAT), que transporten o trasladen HACIA, DESDE o EN los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Puno y Loreto, cualquiera de los 27 primeros insumos químicos y productos fiscalizados (el texto oficial menciona "bienes fiscalizados", en el cuarto considerando se omite a los PRODUCTOS) señalados en el Art. 1° del DS N° 024-2013- EF (IQPF que provienen de la lista de la Ley anterior), serán designados como emisores electrónicos para el Sistema de Emisión Electrónica de la Guía de Remisión Electrónica de BF, por consiguiente deberán emitir obligatoriamente la Guía de Remisión Electrónica BF - Remitente y/o la Guía de Remisión Electrónica BF - Transportista, según corresponda.

La excepción estriba en el transporte de los OCHO derivados de hidrocarburos (Solvente N° 1, Solvente N° 3, Hidrocarburo Alifático Liviano (HAL), Hidrocarburo Acíclico Saturado (HAS), Kerosene de aviación Turbo Jet A1, Kerosene de aviación Turbo JP5, Gasolinas y Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel), cuyo control y fiscalización se realiza en las antes citadas "ZONAS GEOGRAFICAS BAJO REGIMEN ESPECIAL".

La sorpresa está, en que se ha tomado como referencia TERRITORIAL a ONCE departamentos, no obstante que el Decreto Legislativo N° 1126, cuando invoca el control espacial únicamente alude a las áreas que comprenden el ámbito del VRAEM (que es a nivel distrital) y las "zonas geográficas bajo régimen especial" (que es a nivel provincial); en ambos casos, establecidas mediante Decreto Supremo y con ámbito distinto al señalado en el presente dispositivo legal.

 

PUBLICACION DE COMPENDIO DE NORMAS BIENES FISCALIZADOS (INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS)

COMPARTO LA PUBLICACION DEL NUEVO COMPENDIO DE NORMAS RELACIONADAS CON "CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS (INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS), COMO ANTESALA PARA LA PROXIMA PUBLICACION DE LA OBRA "DOCTRINA DE IQPF, FUNDAMENTOS DEL CONTROL Y FISCALIZACION".

PRECIO : S/.35.00 + IGV
ENVÍO A PROVINCIAS: ADICIONAL FLETE O PAGO DE FLETE CONTRA ENTREGA. COORDINAR POR EMAIL O FONO..
PEDIDOS:
A LOS CORREOES ELECTRONICOS
victorhugotuesta@gmail.com
ftmejp@hotmail.com

FIN DEL ACIDO MURIATICO

DS N° 239-2014-EF MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS.

Este dispositivo legal, por fin "pone fin" a la producción del ácido muriático, que representa menos del 0.1% del empleo del ácido clorhídrico que produce nuestro país, pero que es ampliamente utilizado en la elaboración ilegal de drogas en un doble rol, por una lado, para la "pasta básica de cocaína", en el estado como era comercializado (al 28% de concentración en envases de 2 litros como máximo) y por otro, para el "clorhidrato de cocaína", previa elevación de su concentración pocentual por métodos artesanales de evaporación.

La industria de dicho producto, puede recurrir a mezclas conteniendo ácido muriático, en concentraciones iguales o inferiores al 10%. Es decir, empleando sustancias adicionales al ácido clorhídrico y que sean diferentes al agua. La norma faltó precisar, que debe descartarse también los aditivos que den coloración u odoración.

Los usuarios domésticos, pueden recurrir a productos alternativos para utilizarlos como desincrustantes o desinfectantes, los cuales existen en el mercado y producen menor impacto en la ecología y riesgo en la salud., considerando que el ácido muriático es una sustancia corrosiva, cáustica, cuyos vapores que emana por el contacto con otros materiales, son áltamente tóxicos, en razón del cual, era usado esporádicamente por un mínimo porcentaje de hogares, por tanto, no constituyendo un producto vital o de amplia necesidad en el hogar.

Esto no quiere decir, que las personas que demanden el uso de ácido muriático de manera industrial, puedan recurrir a este producto; claro, lo podrán hacer pero, como muchas empresas responsables, que están adquiriendo ácido muriático con dichos fines (NO DOMESTICOS), previa autorización de SUNAT. En este caso, ya no aplica la dilución en agua en pocentaje no superior al 28% y envases de DOS litros como máximo.

ULTIMA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA NUEVA LEY DE CONTROL DE IQPF

Decreto Supremo 028-2014-EF, publicado el 15 de febrero de 2014

Modifican Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas aprobado por Decreto Supremo N° 044-2013-EF.

Tiene como objeto, modificar el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y norma modificatoria, a fin de incluir a los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente, como el ente a través del cual se registra, controla y fiscaliza a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades fiscalizadas con Bienes Fiscalizados.

Todo esto, está relacionado con la actividad con derivados de hidrocarburos, habida cuenta, que diversas empresas especialmente vinculadas con obras de construcción en grandes proyectos, como por ejemplo carreteras, conforman Joint ventures, consorcios, asociaciones en participación y otros contratos de colaboración empresarial –distintos a las asociaciones en participación- que lleven contabilidad independiente de sus socios o partes contratantes, que la legislación vigente otorga capacidad tributaria

Además, se sustituye el Artículo segundo del Reglamento, siendo lo más resaltante:

• Parece que entrando en razón, han adecuado la enredada definición de DOMICILIO LEGAL, asemejándose a la redacción de la legislación anterior, no obstante subsiste el embrollo respecto a ESTABLECIMIENTO que por la definición de términos, también vendría a ser DOMICILIO LEGAL, por tanto, generando una incertidumbre en el usuario, con ambos, en sedes distintas, respecto al lugar en donde debe mantener la documentación administrativa de la empresa.

• Subsiste la caricaturesca definición de PREPARACION, que en todo caso, no se condice con el texto aplicado en el Art. 1° del DS N° 024-2013.EF, que es más claro.

• También subsisten omisiones de definiciones, como ENVASADO que corresponde a una actividad económica, COMERCIO MINORISTA que está asociado a IQPF para uso doméstico.

• Se define INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS, pero no se hace lo mismo en cuanto a SUB PRODUCTOS y DERIVADOS.

• Se mantiene la definición de MERMA, que sólo se invoca en un artículo, porque aparentemente ha sido reemplazada por DESMEDRO, que sigue sin ser definido, (fue hecho en norma de menor jerarquía), no obstante que se trata, de conceptos diferentes, el primero de orden cuantitativo y el segundo cualitativo.

• Se define INCAUTACION, atribuyendo su ejecución también a la PNP (Art. 32 de la Ley), pero no respecto a DECOMISO, que se alude en el Art. 63° del Reglamento, como parte de la actuación de la PNP.

• La definición 26) Producción o Fabricación de insumos químicos y productos, no es coherente con su contenido, que comprende además a “la obtención de derivados como son los disolventes fiscalizados (similares al thinner) y la obtención de mezclas fiscalizadas”; por consiguiente, se ha omitido los “sub productos y derivados” que corresponden al Artículo 2do. del DS N° 024-2013-EF (Los insumos y productos, corresponden al Artículo primero de la indicada norma).

• Tampoco existe coherencia respecto a la realidad material, de la definición 27) RECICLAJE, “Proceso por el cual se obtiene un insumo químico, producto, subproducto o derivado, a partir del tratamiento de un desecho”. A través del reciclaje, se podría obtener un insumo o producto señalado en el Artículo Primero del DS N° 024-2013-EF, pero, un “disolvente fiscalizado” o una “Mezcla Fiscalizada” (Art. 2do.) no podría ser posible, tratándose éstos de una “agregación”, bajo determinados parámetros y requisitos que la norma señala